El acceso a la vivienda y cómo hacer frente a la crisis habitacional centran las VII Jornadas de Justicia Social de la Universidad San Jorge

La Universidad San Jorge ha celebrado esta tarde las VII Jornadas sobre Justicia Social, un encuentro que ha reunido a expertos del ámbito académico, social e institucional con el objetivo de reflexionar sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual.

La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha inaugurado la jornada subrayando que este foro constituye “un espacio abierto y plural, un lugar donde la inteligencia y la sensibilidad se ponen al servicio del bien común”. En su intervención, ha defendido que la formación universitaria debe ir más allá de la capacitación técnica y apostar también por el compromiso social.

En este sentido, ha recordado que “formar profesionales competentes no basta si no formamos ciudadanos capaces de mirar al otro y de comprometerse”. Para la rectora, la justicia social implica “garantizar oportunidades reales, reducir desigualdades, proteger a quienes quedan al margen y construir instituciones más accesibles y más justas”.

La jornada ha contado también con la presencia de la Justicia de Aragón, un ejemplo —según ha señalado Carrascal— de cómo la colaboración entre universidad e instituciones amplía la capacidad de proteger derechos y de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante su discurso, la rectora ha incidido en que la justicia social es un concepto transversal que atraviesa la economía, la educación, la salud, la cultura, la legislación, la ética y el diseño de las ciudades, así como la manera en que la sociedad se relaciona y se concibe como comunidad. Por ello, ha afirmado que tanto la Universidad San Jorge como el Grupo San Valero tienen un papel “irrenunciable”: aportar evidencia, formar criterio, abrir espacios de conversación y educar en responsabilidad.

Finalmente, Silvia Carrascal ha reafirmado el compromiso institucional de seguir construyendo “un entorno inclusivo, colaborativo y abierto al diálogo”, y de consolidar a la universidad como agente de transformación social. “Eso se logra con espacios como este, donde compartimos conocimiento y nos escuchamos de verdad”, ha concluido.

Por su parte, la Justicia Social de Aragón, Concepción Gimeno, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una sociedad “más justa, cohesionada y en paz”. En su exposición, ha subrayado que la justicia social implica “eliminar la brecha entre la población más rica y la más pobre, avanzar como sociedad, promover trabajos dignos y decentes y lograr un óptimo nivel de bienestar social”. Gimeno ha destacado el papel esencial de la educación para alcanzar estos objetivos: “Educar en justicia social es fundamental para concienciar a las personas, despertar aptitudes y fomentar la empatía y el respeto necesarios para convivir entre iguales y como iguales”.

Las jornadas de este año ponen el foco en la vivienda, una cuestión que, según ha explicado, atraviesa una situación especialmente compleja. “Nunca ha tenido un fácil acceso, pero ahora mismo se está convirtiendo en algo dificilísimo para un importante número de personas, de cualquier edad”, ha afirmado. Incluso, ha añadido, hay personas mayores que se ven obligadas a compartir vivienda porque su pensión no es suficiente: “No tener un hogar, una morada, supone una situación clara de exclusión social”.

En el caso de Aragón, indicó que las problemáticas más extendidas están relacionadas con la vivienda, seguidas por cuestiones de salud, empleo y acceso a necesidades básicas. “El acceso a la vivienda es un problema creciente y muy preocupante”, ha advertido. En este sentido, ha explicado que reciben reclamaciones tanto de entidades como de particulares que solicitan ayudas al alquiler, mayor agilidad en la concesión de estas prestaciones o el impulso de vivienda protegida en régimen de alquiler. También se plantean conflictos derivados del impago de rentas y la necesidad de mediación entre propietarios e inquilinos.

Ante este escenario, la institución ha planteado la necesidad de una reforma legislativa que permita reclamar ante los tribunales determinados aspectos del derecho a la vivienda, así como la simplificación y agilización de trámites para disponer de más suelo destinado a este fin. La escasez de oferta en el mercado del alquiler, la retirada progresiva de viviendas hacia otros usos —como el turístico— y la necesidad de incrementar las ayudas sociales agravan la situación, ha apuntado.

“Pretendemos justicia social, pero entendemos que sería esencial un acuerdo global con la mayoría de las sensibilidades representadas”, ha concluido Gimeno, quien ha recordado que el objetivo de la justicia social “es un sueño compartido” que requiere compromiso colectivo.

El programa ha continuado con la proyección del cortometraje ‘El nuevo barrio’ de Víctor Izquierdo y con una mesa redonda bajo el título “Necesidades, perspectivas y posibles soluciones a la crisis habitacional”, un espacio de análisis y debate centrado en uno de los problemas sociales más acuciantes de la actualidad.

En la mesa han participado África Navarro, secretaria general de Cáritas Zaragoza y miembro del Consejo General de Cáritas Española; Luis Javier Solana, profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad San Jorge; y Felipe Munuera Gil, arquitecto y vicedecano del Colegio de Arquitectos de Aragón, quienes han aportado distintas perspectivas desde el ámbito social, jurídico y técnico.

Durante el debate se ha puesto de manifiesto la creciente dificultad que afrontan numerosos ciudadanos para mantener un hogar. Según se ha expuesto, muchas de las personas afectadas deben destinar entre el 50% y el 60% de su salario únicamente al pago de la vivienda, un porcentaje que compromete seriamente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas.

Desde Cáritas se ha alertado de un cambio progresivo en los perfiles atendidos por la entidad. La mayoría de las personas que acuden a sus servicios viven en régimen de alquiler o realquiler —habitaciones—, una fórmula cada vez más extendida ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa. Predominan las familias monoparentales con uno o dos hijos,

que encuentran especiales dificultades para alquilar un piso entero, así como personas migrantes, cerca de la mitad en situación administrativa irregular. También se detecta un aumento de personas con empleos precarios que, pese a tener ingresos, no logran acceder a una vivienda digna, así como personas directamente sin alojamiento.

Durante el debate se ha recordado que, tras la crisis económica de 2008, emergió el perfil del trabajador pobre: personas que, aun contando con un empleo y un salario, apenas podían sobrevivir. Desde entonces, el perfil del ciudadano afectado por la exclusión residencial no ha dejado de transformarse. Los participantes han advertido de que, si los poderes públicos no son capaces de dinamizar el mercado de la vivienda y acompasar el crecimiento económico con políticas eficaces, “los números no encajan” y el problema continuará agravándose.

La jornada ha concluido con la clausura a cargo del presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, que ha cerrado este encuentro que busca fomentar el diálogo y la reflexión en torno a la justicia social.