El Título de Experto Universitario en Derecho Público de la USJ busca la especialización de profesionales en una rama del derecho que cada vez tiene mayor importancia en el mundo laboral. Con un claustro formado por profesionales en activo y un conjunto de materias enfocadas a dominar aquellas ramas del derecho público más demandadas en el día a día, este título especializará a todos aquellos profesionales que necesiten relacionarse con la Administración Pública o formen parte de ella.

Juan Carlos Zapata, codirector del Título y magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, explica en esta entrevista cómo está diseñada la titulación para alcanzar estos objetivos de especialización.

¿En qué destaca el Título de Experto Universitario en Derecho Público de la USJ?

Las fortalezas de esta titulación son la profundidad y la variedad del estudio del derecho público. El derecho administrativo tal y como se imparte en los grados en Derecho, solo puede dar una primera y necesariamente pequeña pincelada de lo que es. A llenar ese hueco viene este título en derecho público. Detectar las necesidades de estudio y profundización en esta materia tan difícil y plural, como apasionante.

¿Quién podría estudiar este título?

Recién egresados en Derecho o en cualquier otra carrera que necesiten relacionarse con la Administración, abogados en ejercicio que quieran asomarse a esta rama del derecho o profundizar en ella, a funcionarios de todo tipo.

¿Qué tipo de asignaturas se cursan?

Hemos dividido la docencia en cinco módulos.  Comenzaremos por dos módulos de procedimiento administrativo y contencioso administrativo -este segundo, casi ignoto en la práctica totalidad de estudios universitarios-. Después dos módulos de derecho administrativo especial, Urbanismo, Medio ambiente y expropiación forzosa y Contratación y Función Pública. Para finalizar con un módulo que pretende dar cabida al resto de actividad administrativa, en sectores tan relevantes como Patrimonio, extranjería o propiedad industrial, entre otros.

¿Qué carga tienen las actividades prácticas?

Todos los módulos, y por tanto todas las actividades presenciales o telemáticas, se imparten encaminadas a una visión eminentemente práctica. Por eso no podemos separar la parte teórica de la práctica en las sesiones. Sin perjuicio, claro está, de los distintos trabajos que, debidamente tutelados, sean requeridos por los profesores.

¿Cuáles son las principales competencias que se adquieren?

Queremos potenciar tanto el trabajo en equipo, como el autónomo. También, impulsar la oratoria y la redacción en las intervenciones públicas. Queremos que los alumnos “se suelten” en la resolución de problemas en la aplicación del derecho público. Y que esa soltura permita asesorar a terceros. En fin, una formación avanzada, especializada y multidisciplinar.

Según tu experiencia como profesional, ¿qué aplicación real tienen los contenidos del título?

Los módulos que hemos diseñado van encaminados a la aplicación real del derecho público. Nos centramos en el derecho que se aplica día a día. Pretendemos dar instrumentos adecuados para que los alumnos conozcan los problemas que ya sabemos que se dan, pero estén preparados para enfrentarse a los que necesariamente se produzcan. Y ello porque sabemos que el derecho público se escribe todos los días y es tan variado y complejo como lo es la motorización normativa y la dispersión de órganos ejecutivos y de gestión.

El título está impartido por jueces, funcionarios, personal de la Administración Pública, etc. ¿Cómo sirve a los alumnos la experiencia profesional de los docentes?

Todos los docentes hemos dado clase, pero ninguno nos dedicamos exclusivamente a ello. Todos somos profesionales del derecho en muy variados puestos y responsabilidades. Nos une el derecho público y la capacidad y entusiasmo para trasladar el conocimiento que nos da el trabajo diario a un alumnado con ganas de aprender. Quizá ese sea el hecho distintivo de este título.